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Tierra del Fuego

Pagan justos por pecadores

Guillermo Worman   | Participacion Ciudadana


Un vasto sector de la Justicia fueguina está integrado por personas idóneas, comprometidas y capaces. No tienen
alto perfil por sus logros y coherencia personal. No protagonizan escándalos ni tampoco hacen bullicio. Se ajustan
correctamente a sus labores profesionales. Integran el sector que administra Justicia sin especular quiénes están del
otro lado del mostrador. Estos son los que atestiguan la igualdad ante la ley.
Las arbitrariedades, favoritismos judiciales y los escándalos cíclicos que vive la Justicia fueguina los perjudica en su
imagen individual y como colectivo de trabajadores judiciales. Son las víctimas de la generalización que se produce
con cada episodio escandaloso del Poder Judicial y su Consejo de la Magistratura. Forman parte de los muy buenos
magistrados que son electos por un procedimiento universalmente cuestionado. Por lo bajo dicen que les gustaría
ser seleccionados a través de un proceso en donde se ponderen sus capacidades humanas e idoneidad jurídica. Sólo
a modo de ejemplo, durante gran parte del 2013, la Asociación de Magistrados defendió los concursos basados en la
aptitud técnica y personal.
Lamentablemente no es esta la imagen institucional del Poder Judicial fueguino. Las crisis cíclicas de confianza y
legitimidad que atraviesa, se reeditan con el correr de los años. Si antes se debatían los nombramientos
discrecionales y digitados en la era post remoción masiva de jueces a cambio de jubilaciones de privilegios, hoy los
cuestionamientos han cambiado hacia nuevas formas de degradación institucional. No alcanzaban los reproches a la
falta de concursos de selección serios, basados en criterios mínimos de transparencia y confiabilidad, ni las sesiones
secretas del Consejo de la Magistratura.
Un tiempo de calma sobrevino con la salida del califa judicial Ricardo Klass. Se advertían nuevos aires y un proceso de
fortalecimiento institucional que le daba una bocanada de oxigeno a un Poder Judicial que venía de momentos
tormentosos. Pero las tensiones no tardaron en emerger nuevamente.
Ahora se reanudan con las denuncias por presuntas falsificación de firmas en varios expedientes del fuero penal. Y si
bien los hechos son graves, lo peor llega con la reacción institucional que debe tener el Poder Judicial.
Veamos algunos ejemplos de la historia reciente:
–El ex doble ministro (Gobierno y Coordinador de Gabinete) Guillermo Aramburu fue recusado al momento de la
selección del integrante del Superior Tribunal de Justicia Javier Muchnik por ser socio de la hermana del candidato y
ante la contratación directa y como personal de gabinete desde el 1 de febrero de 2008, en la Dirección de
Administración del propio Ministerio de Gobierno, de Sergio Hernán Muchnik, padre del postulante. Se le planteó al
superministro la existencia de dudas legítimas en relación a la falta de objetividad y al manifiesto interés directo e
indirecto en la resolución final del acto de designación del tercer integrante del STJ. Como era de esperarse,
Aramburu no se excusó, fue parte de las entrevistas y del escrito que hacen los candidatos, para finalmente
participar en la votación que consagró al ex camarista Muchnik como integrante del máximo tribunal fueguino. ¿Votó
Aramburu por Muchnik? No iba a dejar de hacerlo. ¿Debiera haberse excusado? Sin dudas.
En la etapa previa, y tal como sucedió con la candidatura del actual diputado nacional Manuel Garrido, el integrante
del Tribunal de Juicio de Río Grande, Eugenio Sarrabayrouse, presentó su renuncia dentro del mismo concurso y así
desistió de su candidatura. Es que siempre sobrevuela la misma sospecha sobre los concursos centrales del mismo
Consejo.
¿Qué hizo el Consejo de la Magistratura? Avaló que Aramburu participe del concurso en donde competía el hermano
de su socia en el estudio jurídico de la calle Thorne 756, de Río Grande.
Lo grave de la situación es que Javier Muchnik tenía condiciones para llegar por mérito propio al puesto designado,
pero la intervención de Aramburu empañó la última designación dentro del Superior Tribunal. ¿El Consejo solicitó
algún tipo de informe? En absoluto. Lo dejó votar con la mayor comodidad.
Otro de los casos fue la copia integral de la sentencia dictada por la ex jueza Adriana Rapossi. El escándalo se
produjo cuando se detectó que la magistrada había firmado una sentencia idéntica a la rubricada anteriormente por
el juez (emérito) Juan José Ureta. A pesar de la hipotética gravedad, a Rapossi solo le correspondió la
recomendación de no volver a cometer el mismo desliz y un trámite fast–food para el beneficio jubilatorio que activó
cuando le vino en gana a la ex responsable del juzgado Civil y Comercial 2 de Ushuaia.
Finalmente, emergió el abogado porteño Alberto Bovino con una secuencia de denuncias por presuntas (no hay
forma de probarlas por falta de voluntad) falsificación de firmas. ¿Cuál podría ser la reacción? Otro trámite express
para desechar la denuncia y enterrar la presentación realizada sobre los magistrados Maximiliano García Arpón y
Leandro Álvarez.
Por lo tanto, si bien los hechos tienen distintos niveles de gravedad, siempre la reacción del Consejo termina siendo
la misma: la fuerza corporativa se impone por encima de cualquier otro criterio. Para ser más claros: no hay márgenes
algunos para que se investiguen seriamente las posibles irregularidades que se producen puertas adentro judiciales.
Entonces, las respuestas institucionales siempre terminan por agravar las circunstancias que dan motivo a algún tipo
de investigación.
La reacción no es nueva. Pasó lo mismo en otros escandáleles de similar calaña como cuando se detectaron
falsedades en las declaraciones juradas de los ex cortesanos Ricardo Jorge Klass y Mario Arturo Robbio. Este último
tenía una denuncia en curso en el Consejo de la Magistratura de la Nación y no lo reflejó, como Klass tampoco
declaró las sanciones impuestas por intentar amedrentar jueces del fuero federal. Todo se cerró con las respectivas
renuncias. Alguien podrá preguntarse en qué quedó la investigación sobre Luis Felipe Ricca, ligado a la mafia
brasileña. Rumbo al archivo por volverse abstractas las actuaciones.
Estos han sido algunos de los numerosos ejemplos que conforman la historia turbia del Poder Judicial y su Consejo de
la Magistratura. La renombrada Justicia Adicta, inmortalizada por el periodista Gabriel Ramonet.
Vale pena reflexionar sobre ellos, porque la baja calidad de las prácticas institucionales terminan por afectar la
percepción general del Poder Judicial más novel del país. También empañan la excelente labor de numerosos jueces,
magistrados y empleados judiciales. Pagan justos por pecadores.
Muy a pesar de todo esto, siempre pensamos que alguna vez, Será Justicia. Atentamente


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